En Afganistán hay un sistema de segregación y persecución de la mujer y otras minorías, denuncian expertos

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Un grupo de relatores y expertos* de la ONU declararon este lunes que los talibanes continúan violando numerosos derechos humanos, y destacaron la aplicación de un sistema de total discriminación, exclusión y sometimiento de mujeres y niñas. Además, la brecha entre las promesas y las prácticas de las autoridades de facto se ha ampliado.

“Hace dos años, los talibanes se hicieron con el poder en Afganistán. Desde entonces, las políticas que han impuesto a la población afgana se han traducido en una anulación continua, sistemática y escandalosa de multitud de derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación, al trabajo y a las libertades de expresión, reunión y asociación”, declararon los expertos**.

Además, expresaron su preocupación ante los numerosos informes sobre ejecuciones sumarias y actos equivalentes a desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias generalizadas, tortura y malos tratos, así como desplazamientos arbitrarios.

Los expertos señalan a las mujeres y las niñas, las minorías étnicas, religiosas y de otro tipo, las personas con discapacidad, los desplazados, las personas LGBTQ+, los defensores de los derechos humanos y otros actores de la sociedad civil, los periodistas, los artistas, los educadores y los ex funcionarios del gobierno y de seguridad como los más afectados.  

Dominación total
“A pesar de las garantías dadas por las autoridades de facto talibanes de que cualquier restricción, sobre todo en cuanto al acceso a la educación, sería temporal, los hechos sobre el terreno han demostrado la existencia de un sistema de segregación, marginación y persecución”, destacaron.

Incluso, los talibanes han intensificado sus esfuerzos para someter a mujeres y niñas a una dominación total, al prohibirles trabajar y acudir a la escuela si tienen más de 10 años en varias provincias del país.

En términos más generales, las promesas de una forma de gobierno más inclusiva no se materializaron: la amnistía para ex funcionarios del gobierno y militares se está incumpliendo y abogados, jueces, fiscales y otros agentes relacionados con el sistema legal se enfrentan a graves riesgos de seguridad.

“Las autoridades de facto han introducido el uso de castigos crueles e indignos, como la lapidación, la flagelación y el enterramiento bajo un muro, en contravención de las normas internacionales de derechos humanos. El concepto de unos talibanes ´reformados´ se ha revelado erróneo”, dijeron los relatores.

Llamado a los talibanes
Por ello, instaron a los talibanes a permitir que todas las mujeres y niñas disfruten de todos los derechos humanos, incluyendo la libertad de circulación y la participación en la vida política y pública, el acceso a la educación y al trabajo.

También pidieron que respeten plenamente la amnistía general declarada y que pongan fin a las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y los malos tratos. En este sentido, para vigilar los lugares de detención, las autoridades deben permitir el acceso libre y sin trabas de los observadores de los derechos humanos y los agentes humanitarios.

También recomendaron que se reviertan las acciones que han dado lugar a la reducción del espacio cívico.

Necesidad de ayuda humanitaria
Los especialistas en derechos humanos recordaron que la economía inestable, la erosión de los medios de subsistencia, las condiciones de sequía y otras perturbaciones climáticas también han puesto bajo presión los derechos sociales, económicos y culturales de los afganos y han aumentado la necesidad de ayuda humanitaria.

En este sentido, calculan que 16 millones de niños afganos no reciben alimentos básicos ni atención sanitaria esencial para su bienestar y desarrollo. La recesión económica impulsa prácticas nocivas, discriminatorias, opresivas y violentas, como el matrimonio forzado e infantil, los abusos y la explotación económica y sexual, la venta de niños y órganos corporales, el trabajo forzado e infantil, la trata de personas y la migración insegura. La prohibición impuesta a las cooperantes afganas de no poder trabajar en las ONG también ha repercutido en la eficacia de la respuesta humanitaria.

A pesar del deterioro de la situación, advierten de “déficits críticos de financiación” para su respuesta humanitaria. Esto podría provocar la interrupción de las clases comunitarias, la reducción de la ayuda alimentaria y el cierre de instalaciones sanitarias, entre otras consecuencias.

También temen que estas condiciones y la falta de oportunidades de empleo pueden conducir a mecanismos de supervivencia perjudiciales, como unirse a grupos criminales o armados.

Muchos afganos siguen abandonando su hogar por desesperación. Aunque hay que elogiar a quienes los acogen, muchos refugiados residen en circunstancias desesperadas.

Llamado a la comunidad internacional
Ante estas circunstancias, el grupo de expertos pidió a la comunidad garantizar que el compromiso político con todos los interlocutores afganos esté centrado en los derechos humanos.

En relación con la perspectiva de género, pidieron que se conceda el estatuto de refugiada a todas las mujeres y niñas afganas por las violaciones de sus derechos fundamentales.

También instaron a subsanar el déficit de financiación del plan de respuesta humanitaria e idear formas de proporcionar ayuda que llegue directamente al pueblo afgano y que apoyen los mecanismos de investigación y rendición de cuentas y hacer frente a la impunidad.

Por último, los expertos hicieron un llamado a respaldar las iniciativas de las líderes afganas y de los grupos de la sociedad civil que operan dentro y fuera del país para explorar vías prácticas que promuevan los valores y principios de los derechos humanos.

* Los expertos: Richard Bennett, relator especial sobre Afganistán; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Fernand de Varennes, relator especial sobre cuestiones de las minorías; Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de opinión y de expresión; Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Dorothy Estrada Tanck (presidenta), Ivana Radačić (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Ana Peláez Narváez, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Alexandra Xanthaki, relatora especial en el ámbito de los derechos culturales; Paula Gaviria Betancur, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Tomoya Obokata, relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Michael Fakhri, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en el mundo; Ana Peláez Narváez, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; Priya Gopalan (presidenta-relatora), Matthew Gillett (vicepresidente de Comunicaciones), Ganna Yudkivska (vicepresidenta de Seguimiento), Miriam Estrada-Castillo, y Mumba Malila, Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria; Farida Shaheed, relatora especial sobre el derecho a la educación; Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Alice Jill Edwards, relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género, Aua Baldé (presidenta-relatora), Gabriella Citroni (vicepresidenta), Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska, Ana Lorena Delgadillo Pérez, Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias.

**Los expertos forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

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