En el corazón de las protestas que sacudieron Venezuela en 2014, una pareja de ciudadanos comunes se vio obligada a huir por su vida. Raúl Martínez Pérez y su esposa, María Marín de Martínez, vivieron de cerca el terror de los colectivos armados durante las manifestaciones del 1 de julio en Caracas. Lo que comenzó como una demanda pacífica por derechos y libertades terminó en amenazas directas que los catapultaron hacia el exilio en Estados Unidos, donde finalmente obtuvieron asilo político.
El contexto de las protestas de 2014
Las manifestaciones del 1 de julio de 2014 en Caracas formaban parte de una ola de protestas masivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, desencadenadas por la escasez, la inflación galopante y la represión policial. Miles de venezolanos tomaron las calles exigiendo cambio, pero la respuesta incluyó no solo gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias, sino también la intervención de los llamados «colectivos»: grupos paramilitares progubernamentales armados con motos, machetes y pistolas. Estos actores violentos actuaban con impunidad, atacando a manifestantes desarmados y sembrando el pánico en barrios como Catia, La Vega y Petare.
Raúl y María, un matrimonio de clase media con raíces en el oeste de Caracas, se unieron a la marcha pacífica en el centro de la capital. Raúl, un ingeniero de 45 años apasionado por la democracia, y María, maestra de primaria de 42, no eran activistas profesionales, sino venezolanos hartos de la crisis. «Solo queríamos un futuro para nuestros hijos», relata Raúl en una entrevista reciente desde su nuevo hogar en Florida.
La amenaza que cambió sus vidas
El punto de inflexión llegó esa tarde fatídica. Mientras la pareja se replegaba por la avenida Urdaneta, un grupo de unos 20 motorizados identificados como colectivos los interceptó. Gritando consignas chavistas y blandiendo armas blancas, los amenazaron directamente: «¡Te vamos a cortar en pedacitos si vuelves a protestar, rata opositora!». María fue empujada al suelo, y Raúl recibió golpes que le dejaron moretones permanentes. Testigos oculares confirmaron el incidente, pero las autoridades nunca investigaron.
Aterrorizados, la pareja se refugió en casa de familiares esa noche, pero las intimidaciones continuaron vía redes sociales y llamadas anónimas. «Sabíamos que no podíamos quedarnos. Los colectivos tenían nuestras fotos y direcciones», explica María. Con lo poco que tenían ahorrado, vendieron pertenencias y tomaron un vuelo a Miami el 5 de julio, iniciando un largo proceso de asilo político.
El camino al asilo y una nueva vida en EE.UU.
Llegar a Estados Unidos no fue fácil. Solicitaron asilo bajo la Convención de 1951 y la ley estadounidense, argumentando persecución política por su participación en protestas. Después de audiencias tensas, un juez de inmigración les concedió el estatus en 2016, reconociendo las amenazas como prueba de riesgo real. Hoy, Raúl trabaja en construcción civil y María en una escuela hispana, mientras crían a sus dos hijos nacidos en suelo americano.
Su historia no es aislada: miles de venezolanos huyeron en esa época, con más de 7 millones en el exilio actual según ACNUR. «Venezuela nos quitó todo, pero nos dio la fuerza para empezar de nuevo», dice Raúl.
