La situación en Haití es crítica y se ha comparado con el «Lejano Oeste» debido a la expansión de pandillas armadas y grupos de autodefensa que adoptan acciones violentas similares, como extorsiones y ejecuciones sumarias.
Más de 1.3 millones de personas están desplazadas, y la mitad del país enfrenta inseguridad alimentaria, lo que genera una desesperación palpable en la población. Los jóvenes a menudo se unen a las pandillas por necesidad, y la impunidad es generalizada, incluso entre funcionarios públicos acusados de graves crímenes. El control territorial de las pandillas se extiende desde Puerto Príncipe a otras regiones, paralizando la vida cotidiana y la autoridad estatal.
El gobierno ha adoptado medidas como el uso de drones letales contra líderes pandilleros, aunque esta política genera preocupaciones de derechos humanos. En respuesta, grupos de autodefensa, inicialmente creados para proteger las comunidades, han tomado un rol activo en la lucha contra las pandillas, a veces con métodos igualmente violentos.
Además, Haití ha declarado un estado de emergencia en varias regiones para tratar de restaurar la seguridad antes de las elecciones previstas a finales de este año. La ONU alerta que la violencia ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 4,000 asesinatos en 2025 y miles de desplazados internos, lo que acerca al país a un punto de no retorno.
Estos hechos convierten a Haití en una crisis humanitaria y de seguridad profunda, donde el colapso institucional facilita el dominio de pandillas y justicieros, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad extrema similar a un territorio sin ley ni orden.
