En la reciente COP30 celebrada en Belém, Brasil, la Unión Europea reafirmó con firmeza la importancia de su impuesto al carbono, formalizado a través del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). Esta política, polémica y a la vez revolucionaria, busca imponer un precio al carbono en las importaciones de productos altamente contaminantes, como acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno, sectores estratégicos en la lucha contra el calentamiento global.
El comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, defendió la medida como un instrumento justo y necesario para evitar la competencia desleal que supone permitir la entrada de productos que no cumplen con los estándares ambientales de la UE. Para la Unión Europea, el CBAM no es un arancel proteccionista, sino una herramienta para acelerar la reducción global de emisiones y nivelar el terreno de juego industrial. Este impuesto, en fase de prueba desde 2023 y con aplicación total prevista para 2026, incentiva la transición energética hacia prácticas más limpias, al tiempo que frena la llamada fuga de carbono, donde empresas trasladan su producción a países con regulaciones menos exigentes.
Sin embargo, no todos los países comparten esta visión. China, India y otros aliados consideran el CBAM una barrera al comercio y una medida que podría perjudicar el desarrollo económico de las naciones en vías de desarrollo. Estas tensiones fueron palpables durante el encuentro, reflejando el desafío de conciliar justicia climática con intereses comerciales internacionales.
La COP30 también destacó la urgencia de fortalecer compromisos climáticos globales tras noticias preocupantes sobre el avance del calentamiento. Aunque la UE impulsa su impuesto como clave para cumplir las metas del Acuerdo de París, existe una fuerte presión para que todas las economías aumenten sus ambiciones y colaboren en la financiación para adaptación y mitigación en países vulnerables.
En conclusión, la defensa del impuesto al carbono por la Unión Europea durante la COP30 plantea una cruzada crucial para asegurar que la lucha contra el cambio climático sea efectiva y justa, aunque siembre debates sobre soberanía económica y equidad global. La mirada está puesta ahora en lograr acuerdos multilaterales que permitan implementar estos mecanismos sin perjudicar a los países en desarrollo y asegurando una transición verde inclusiva para todos.
