En los últimos meses, Colombia ha vivido una triste y polémica realidad. Desde agosto de 2025, las autoridades han confirmado que al menos 15 menores de edad han perdido la vida en bombardeos realizados por las Fuerzas Militares en diversas regiones del país como Guaviare, Amazonas y Arauca.
La magnitud de esta tragedia se evidenció con el bombardeo del pasado 10 de noviembre en Calamar (Guaviare), donde siete niños murieron tras un operativo contra disidencias de las FARC dirigidas por alias Iván Mordisco. Esta y otras acciones semejantes han despertado conmoción y fuertes críticas, no solo nacionales sino también internacionales.
Por ejemplo, en un operativo anterior en el Amazonas, murieron cuatro menores, algunos de apenas 10 años, y hubo denuncias de que algunos estaban siendo reclutados forzosamente por grupos armados ilegales. La situación ha sido motivo de investigaciones por la justicia militar, la Procuraduría y ha sido objeto de pronunciamientos de organismos de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo, que exigen se garantice la protección de los menores en escenarios de conflicto.
El gobierno de Gustavo Petro ha defendido estos operativos bajo el argumento de respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH), aunque reconocen la frustrante realidad de que la inteligencia militar no siempre logra identificar la presencia de menores en estas zonas conflictivas. El presidente ha lamentado la pérdida y ha aclarado que los menores fueron víctimas del reclutamiento forzado.
Estos acontecimientos ponen en evidencia las dificultades que enfrenta Colombia en su lucha contra la violencia armada y el desafío que representa proteger a los más vulnerables en medio del conflicto. La comunidad internacional y los colombianos esperan que se tomen medidas urgentes para evitar que esta tragedia se repita y se fortalezcan los mecanismos de protección a la infancia en las zonas en conflicto.
