La represión contra opositores políticos en Nicaragua continúa agravándose y ha trascendido las fronteras nacionales, según denuncias recientes de organismos internacionales y expertos en derechos humanos.
En el último año, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado un “grave clima represivo” en el país centroamericano, caracterizado por detenciones arbitrarias, expulsiones y la privación de nacionalidad a al menos 546 nicaragüenses desde febrero de 2023. Actualmente, 76 personas permanecen detenidas de forma arbitraria. Las autoridades han impulsado reformas que concentran más poder en la Presidencia y criminalizan las voces disidentes, lo que ha dejado a cientos de opositores en condiciones precarias en el exilio y en situación de apatridia, tras la confiscación de sus activos y la negación de servicios consulares[1].
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha señalado que la persecución se ha intensificado en los últimos meses, obligando a defensores y opositores a abandonar el país bajo amenazas, vigilancia y acoso constante, tanto en espacios públicos como privados. Una vez en el extranjero, muchos son despojados arbitrariamente de su nacionalidad y sus familiares en Nicaragua sufren intimidación y represalias[2].
El asesinato reciente del exiliado político Roberto Samcam en Costa Rica ha encendido las alarmas sobre la extensión de la represión más allá de las fronteras nicaragüenses. Expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos consideran que este crimen podría estar vinculado a una estrategia sistemática del régimen de Daniel Ortega para eliminar voces críticas en el exterior, mediante amenazas, presión financiera, prohibición de entrada, acoso y vigilancia. Se ha documentado un patrón sostenido de intimidación y hostigamiento contra exiliados, especialmente en Costa Rica, donde residen miles de nicaragüenses que huyeron de la persecución política[3][4].
La situación de los periodistas independientes es especialmente grave: el gobierno se niega a renovar sus pasaportes y documentos de identidad, forzándolos al exilio y a la apatridia como castigo por sus críticas al régimen. Se estima que más de 400 personas tienen prohibido regresar al país y cientos han perdido su nacionalidad de facto[5].
Diversos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han denunciado la profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, el cierre de espacios democráticos y la instauración de un “estado de excepción de facto” para silenciar cualquier manifestación contraria al gobierno[6].
La comunidad internacional ha sido llamada a incrementar la protección de los exiliados nicaragüenses y a investigar los crímenes y actos de represión transnacional, en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
