Primero Justicia en el municipio Urbaneja denunció la grave crisis del servicio eléctrico que afecta a las familias de Lechería, donde los vecinos reportan interrupciones diarias de entre 6 y 8 horas, y en algunos circuitos los cortes superan las 12 horas.
La presidenta municipal de Primero Justicia, Beatriz Pérez Blanco, advirtió que el colapso del sistema eléctrico se agrava mientras se anuncia la indexación de las tarifas eléctricas al euro, una medida que considera incompatible con los ingresos de la mayoría de los venezolanos.
“¿Con qué ingresos pretenden que los venezolanos paguemos una electricidad que ni siquiera recibimos de manera continua? No se puede cobrar en euros y prestar un servicio a oscuras”, señaló Pérez Blanco.
Afectaciones documentadas
Según el diagnóstico presentado por la dirigente, solo durante octubre se registraron afectaciones en hasta 12 circuitos, con 103 horas de suspensión del servicio en 52 sectores entre el 19 y el 30 de ese mes. Las fallas también comprometieron la operatividad de 27 estaciones de bombeo de aguas servidas.
Primero Justicia exigirá inversión real, soluciones concretas y transparencia en la gestión del servicio eléctrico. Asimismo, la organización impulsará un Registro Ciudadano de Afectaciones Eléctricas para documentar los apagones, las horas sin servicio, los sectores afectados y las consecuencias sobre las comunidades.
Exigencia democrática
La dirigente enfatizó que la crisis eléctrica no puede resolverse únicamente con anuncios tarifarios, sino con recuperación del sistema, mantenimiento de infraestructura, inversión en generación y distribución, y atención prioritaria a las comunidades más afectadas.
“Nuestra exigencia va más allá de la electricidad. Pónganle fecha a las elecciones presidenciales. Que le devuelvan la palabra al pueblo. La soberanía se ejerce con votos y con democracia”, afirmó Pérez Blanco.
Primero Justicia Lechería reiteró que Lechería no puede seguir a oscuras y Venezuela no puede seguir sin democracia. La organización convocó a los ciudadanos a documentar las fallas eléctricas y a sumarse a las acciones de denuncia y organización comunitaria.
