Hablar de salidas democráticas y estabilidad en Venezuela sin mencionar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo Nacional Electoral (CNE) es construir sobre arena.

Para que cualquier proceso político o electoral recupere la confianza de los ciudadanos y de la comunidad internacional, estos dos pilares institucionales exigen ser reemplazados de raíz.

Durante años, la falta de independencia en el máximo tribunal y en el árbitro comicial convirtió la justicia y el sufragio en instrumentos de control partidista, anulando la separación de poderes. Sin un TSJ integrado por profesionales probos, autónomos y verdaderamente comprometidos con la Constitución, las garantías jurídicas siguen suspendidas y la arbitrariedad se vuelve norma.

Por su parte, el CNE no puede seguir operando bajo lógicas políticas. Su rol debe ser estrictamente técnico: un árbitro transparente que garantice la logística, el respeto absoluto al voto ciudadano, dentro y fuera del país, y la publicación fidedigna de los resultados.

Renovar ambas instituciones no es un capricho de la negociación política; es una condición indispensable de supervivencia democrática. Si la infraestructura que arbitra y juzga no se sacude desde los cimientos, cualquier intento de reconstrucción nacional nacerá deslegitimado.

Rescatar la institucionalidad es inminente.

Por: Ada Charles
Abogado, madre, esposa, hija, hermana, amante de la Libertad y Concejal de Lechería.

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