El Frente Nacional de Abogados de Venezuela, mediante la vocería de su representante, Henry Enríquez Méndez, junto al asesor legal del Conjunto Residencial CAPSTEEA I, Robinson Guaimare, denunció la presunta parálisis judicial y la anulación unilateral de una sentencia de acción reivindicatoria dictada en 2024, que habría ordenado la restitución de 120 apartamentos de la comunidad, ubicada en La Encantada, Nueva Barcelona, estado Anzoátegui.
La representación jurídica aseguró que el fallo, supuestamente firme, ordenaba la restitución inmediata de los inmuebles a los propietarios legítimos, integrados por trabajadores de la Gobernación de Anzoátegui y afiliados de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del Ejecutivo del Estado Anzoátegui (CAPSTEEA). Los afectados denuncian que permanecen despojados de sus viviendas desde hace más de ocho años, tras lo que califican como ocupaciones ilegales.
Denuncia constitucional
Los juristas sostienen que la actuación atribuida a la Rectoría Judicial y al Juez Rector Coordinador, al dejar supuestamente sin efecto un fallo amparado por la cosa juzgada, vulneraría el debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, advierten que la alteración sobrevenida de una sentencia firme afectaría la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la inmutabilidad de los fallos judiciales y el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 115 constitucional.
La denuncia también cuestiona la presunta acumulación de atribuciones y competencias en un mismo funcionario de la administración de justicia local, situación que, según los representantes legales, comprometería las garantías de imparcialidad, transparencia y neutralidad en la decisión judicial.
Acciones judiciales
Ante estos hechos, el Frente Nacional de Abogados y los representantes de la comunidad afectada anunciaron la interposición de un recurso de apelación y la presentación formal de una denuncia ante los órganos de control del Palacio de Justicia.
En el escrito solicitarán que el expediente sea remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que esa instancia examine la situación, restablezca el orden jurídico alegado y garantice la ejecución de la sentencia reivindicatoria, con la consecuente restitución de los inmuebles a las familias y propietarios afectados.
Declaración
“Exigimos el respeto irrestricto a la cosa juzgada, al debido proceso y al derecho constitucional a la propiedad privada. No puede permitirse que una sentencia firme sea dejada sin efecto sin las garantías procesales correspondientes”, señalaron los representantes legales.
La representación de CAPSTEEA I reiteró su disposición a agotar todas las vías judiciales y constitucionales disponibles para lograr la restitución de los 120 apartamentos y la ejecución efectiva del fallo dictado en 2024.
