Aseguran las entidades gremiales que la no renovación del Decreto colapsaría al sector, al generar incrementos en los costos de producción, además de una significativa disminución en el mencionado renglón productivo nacional.
El sector agroalimentario juega un papel crucial en la economía venezolana y en la seguridad alimentaria del país. Con el objetivo de impulsar su desarrollo, en el año 2000 se promulgó el primer Decreto de Exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para el sector primario (Decreto N° 838, 18 de julio de 2000).
Esta política, que se ha renovado en múltiples ocasiones hasta el año 2023, ha demostrado ser una herramienta efectiva para promover la inversión y el crecimiento en el sector, que según cifras oficiales alcanzó en el 2022 el 5%.
La exoneración del ISLR permite a los productores agropecuarios reinvertir sus ganancias en la modernización de sus unidades de producción, la adquisición de nuevas tecnologías y la mejora de la infraestructura. Esto se traduce en un aumento de la productividad, una mayor eficiencia en los procesos y un impulso a la innovación en el campo.
No es un Decreto dado de manera indiscriminada
En el sector agroalimentario voceros destacan que la exoneración del ISLR no se otorga de forma indiscriminada. Para acceder a este beneficio, los productores deben demostrar que están reinvirtiendo el monto equivalente al impuesto en mejoras e inversiones productivas.
Este mecanismo garantiza que el beneficio fiscal se traduzca en un mayor desarrollo del sector y en una mayor producción de alimentos para el país.
Pero la reciente expiración del Decreto 3.920 (diciembre 2023), que establecía la exoneración del ISLR para el sector agrícola, ha generado incertidumbre en el sector.
Representantes de gremios del sector agroalimentario han alertado sobre las posibles consecuencias negativas de la no renovación del decreto. Entre los riesgos señalados se encuentran:
- Afectación de los costos de producción: La reincorporación del ISLR aumentaría la carga fiscal de los productores, lo que podría traducirse en presión sobre los precios de los alimentos.
- Desincentivo a la inversión: La incertidumbre generada por la no renovación del decreto podría desalentar la inversión en el sector, afectando su crecimiento y desarrollo a largo plazo.
- Disminución de la producción: los aspectos anteriores podrían llevar a una disminución de la producción nacional de alimentos, aumentando la dependencia de las importaciones.
- Impacto negativo en la economía: La afectación al sector agroalimentario tendría impacto en la economía en general, al afectar el empleo, la generación de divisas y el crecimiento económico.
En este contexto, es fundamental que el Gobierno Nacional proceda a una nueva renovación del Decreto de Exoneración del ISLR. Esta medida no solo beneficiaría a los productores, sino a toda la nación, asegurando el acceso a alimentos de calidad y promoviendo el desarrollo económico y social de Venezuela.
La renovación del decreto enviaría una señal clara de apoyo al sector agroalimentario, fomentando la inversión, la producción y el crecimiento económico.
En un momento en que el país busca fortalecer su economía y garantizar el bienestar de su población, la exoneración del ISLR para el sector agrícola se presenta como una decisión estratégica que contribuirá al desarrollo de un sector clave para el presente y futuro de Venezuela.
