Expertos independientes de Naciones Unidas pidieron hoy a las autoridades venezolanas eliminar las restricciones legales, administrativas y bancarias que dificultan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, cuya participación consideran indispensable para la respuesta, recuperación y reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio. Señalaron que la catástrofe ha agravado vulnerabilidades y profundizado la crisis humanitaria y de derechos humanos existente en el país.
Las organizaciones locales y redes comunitarias han asumido tareas clave en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la atención directa a las víctimas y la distribución de medicamentos y suministros esenciales. Los expertos advirtieron que buena parte de esa asistencia no podría llegar a las comunidades afectadas sin la intervención de esas organizaciones y subrayaron la necesidad de que sean plenamente incluidas en las fases siguientes de la respuesta.
Los especialistas denunciaron que procedimientos de inscripción y reinscripción ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías permanecen paralizados por falta de respuesta institucional, lo que amenaza la continuidad jurídica de muchas entidades. Además, criticaron normativas bancarias que imponen supervisión más estricta a ONG y asociaciones sin fines de lucro, dificultando la recepción y administración de fondos, incluidas las contribuciones internacionales. Frente a ello, instaron a facilitar la llegada de recursos y habilitar mecanismos como las transferencias de efectivo a las personas damnificadas.
Los expertos exigieron al Estado que garantice la protección de las iniciativas ciudadanas de ayuda —incluidos los centros de acopio— y que instruya a las fuerzas de seguridad a respetar y no reprimir el trabajo humanitario. Pedimos que la respuesta permita el acceso sin trabas a la cooperación internacional, coloque los derechos y necesidades de las víctimas en el centro y promueva la participación significativa de las comunidades, incluidas las personas desplazadas internamente, en los planes de alojamiento, reconstrucción y recuperación. Asimismo, recordaron que toda respuesta debe ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos.
