PORLAMAR – Ante los recientes anuncios sobre la reactivación de operaciones marítimas bajo el nombre histórico de Conferry, la familia Tovar emitió un comunicado público para precisar que no guarda ninguna relación con la operación actual, ni participa en su administración, gestión o actividades comerciales.
Los antiguos propietarios de la naviera, cuya intervención por parte del Estado venezolano comenzó en septiembre de 2011, señalaron que, si bien celebran cualquier iniciativa que busque fortalecer la conectividad marítima de la isla de Margarita y el país, consideran indispensable defender la verdad histórica y la seguridad jurídica.
Una deuda pendiente de casi 15 años
La familia Tovar recordó que el proceso de intervención iniciado en 2011 conllevó la ocupación forzosa de todos los activos, instalaciones, flota, nombre comercial e identidad corporativa de una estructura empresarial construida durante décadas.
A la fecha, los accionistas de la empresa original no han recibido compensación alguna por los activos expropiados.
Asimismo, denunciaron que siguen incumplidos los compromisos asumidos por el Estado venezolano en el acta de advenimiento firmada en el año 2013, un convenio de arreglo amistoso que la familia suscribió de plena buena fe buscando una solución institucional y dialogada.
»Durante este largo período, gran parte de los activos que integraban la empresa original se deterioraron, dejaron de operar o desaparecieron. Lo que ha permanecido intacto es el valor de la marca Conferry en la memoria colectiva de los venezolanos», expresa el comunicado.
El regreso de la marca y el buque Pegasus One
El pronunciamiento familiar resalta que la reaparición de los colores, símbolos y del propio nombre de la empresa trasciende el plano comercial, pues representa el legado de su fundador, Rafael «Fucho» Tovar.
De igual forma, recordaron el origen de la embarcación que se ha presentado para esta nueva etapa, identificándola como una nave que, bajo su nombre original de Pegasus One, ya había operado en Venezuela en la década de los noventa bajo la gestión de la Conferry original, antes de ser devuelta en su momento a sus arrendadores.
Un llamado a la seguridad jurídica y al respeto a la propiedad privada
Sin ánimos de confrontación, los voceros de la familia Tovar manifestaron que la recuperación del nombre de la empresa debe ser vista como una oportunidad para saldar una deuda histórica, jurídica e institucional que lleva demasiados años engavetada.
Finalmente, el comunicado enfatiza que el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales pendientes enviaría una señal clara y positiva a los inversionistas nacionales y extranjeros, demostrando que Venezuela puede avanzar hacia una nueva etapa económica basada en el respeto a la propiedad privada, la Constitución y el fiel cumplimiento de los acuerdos suscritos.
La familia Tovar ratificó su voluntad de mantener un diálogo institucional que permita alcanzar una resolución justa, transparente y definitiva para este caso clave en la historia económica contemporánea del país.
