El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, deploró este miércoles las nuevas medidas que restringen las libertades civiles y políticas en Nicaragua y advirtió que profundizan la erosión del Estado de derecho y del espacio democrático en el país. Según la oficina, al menos 46 personas siguen detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
Türk reaccionó a las declaraciones del copresidente Daniel Ortega, quien anunció la posibilidad de impulsar nuevas leyes para impedir que participen en elecciones personas y grupos con posiciones políticas discrepantes. La Oficina de Derechos Humanos advirtió que una medida de ese tipo supondría un nuevo obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos de la población.
“La expresión independiente de ideas u opiniones se reprime de forma sistemática”, subrayó la portavoz de la oficina, Marta Hurtado. La ONU también denunció que, a comienzos de este mes, el Gobierno revocó de forma repentina las credenciales de varios abogados, sin ofrecer base jurídica ni explicación oficial.
Preocupación por la Iglesia y la sociedad civil
El Alto Comisionado expresó además su preocupación por las denuncias de represión contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. En ese sentido, pidió información sobre el destino y el estado de salud del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, detenido el pasado 29 de junio y cuyo paradero sigue sin conocerse oficialmente.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también recogió denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre concesiones mineras y extractivas otorgadas en territorios indígenas sin consultas adecuadas ni el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.
Llamado a restablecer el Estado de derecho
Volker Türk instó a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar un trato digno a quienes permanecen privados de libertad, conforme a las obligaciones internacionales del país. También pidió reabrir el espacio cívico, restablecer el Estado de derecho y asegurar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos políticos, incluido el de votar y postularse a cargos públicos.
En su encuentro habitual con la prensa, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que las autoridades tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos y garantizar que todos los ciudadanos puedan participar libre y seguramente en la vida pública, entre otras cosas ejerciendo su derecho al voto en elecciones que reflejen la voluntad del electorado.
