La inteligencia artificial comienza a incorporarse a distintas etapas de los procesos electorales en América Latina, desde el monitoreo de la desinformación hasta la revisión de los gastos de campaña y la atención de consultas ciudadanas, en medio de esfuerzos institucionales por aprovechar sus ventajas sin comprometer la transparencia ni la confianza de los votantes.
Durante un diálogo regional organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), autoridades electorales de Chile, México y Panamá expusieron medidas para usar estas herramientas en el análisis de grandes volúmenes de información, la detección de riesgos en plataformas digitales y la optimización de tareas administrativas.
En México, el Instituto Nacional Electoral ha definido principios para orientar el desarrollo, la compra y la utilización de sistemas de inteligencia artificial, además de cursos obligatorios para su personal. La consejera electoral Norma de la Cruz señaló que la incorporación de estas tecnologías responde a la necesidad de proteger los principios que rigen los comicios.
“No fue porque está de moda. Esto es parte de un proceso de gobernanza para responder cómo incorporamos esta tecnología sin comprometer los principios de certeza, transparencia, protección de datos, derechos humanos y control democrático”, afirmó.
El organismo mexicano también mantiene un registro de las herramientas que utiliza, evalúa sus resultados y exige revisión humana sobre las decisiones o productos generados con inteligencia artificial.
Estas medidas coinciden con una guía elaborada por el PNUD y el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, basada en la experiencia de Naciones Unidas en asistencia electoral en más de 100 países y territorios.
El documento señala que la IA puede emplearse para depurar registros de votantes, detectar duplicados, revisar documentos, responder consultas ciudadanas, analizar gastos de campaña e identificar anomalías o amenazas digitales. No obstante, advierte que no toda tarea automatizable debe quedar en manos de un sistema.
En un proceso electoral, incluso un error aparentemente pequeño puede excluir a una persona del registro de votantes, señalar incorrectamente una irregularidad, exponer datos sensibles o alimentar dudas sobre la credibilidad de los resultados.
Por ello, la guía recomienda evaluar cada herramienta antes de adoptarla, probarla en condiciones reales, explicar cómo funciona y establecer quién responde cuando se equivoca.
En Chile, el Servicio Electoral utiliza desde 2020 sistemas de monitoreo para analizar las conversaciones sobre los comicios y detectar posibles amenazas contra la institución y el proceso electoral. La experiencia permitió identificar además que la violencia política en plataformas digitales afecta especialmente a candidatas y a otras mujeres que participan en la vida pública.
La presidenta del organismo, Pamela Figueroa, anunció que el país se prepara para inaugurar un observatorio dedicado a este fenómeno.
“Esta sistematización de información, este conocimiento, nos permite avanzar en mejor legislación, en mejores políticas públicas”, señaló.
En Panamá, el Tribunal Electoral emplea herramientas de monitoreo digital para realizar una escucha activa de las redes sociales, identificar desinformación y detectar campañas sucias o actos de violencia digital que posteriormente pueden ser remitidos a las unidades responsables de investigarlos.
Su directora ejecutiva, Yara Campo, destacó que la tecnología también ofrece oportunidades para revisar las listas de votantes, reforzar la seguridad, fiscalizar el financiamiento político y responder preguntas sencillas de la ciudadanía.
No obstante, advirtió que la inteligencia artificial puede facilitar una microsegmentación electoral cada vez más precisa de los mensajes políticos.
“Puedes estar manipulando para que el elector escuche lo que quiere escuchar y se incline hacia la elección de determinado candidato o candidata”, explicó.
El diálogo también puso de relieve que la adopción de estas herramientas depende de las capacidades reales de los organismos electorales, entre ellas las restricciones presupuestarias, la falta de personal especializado y la dependencia de proveedores tecnológicos externos.
A esto se suman la brecha digital y los posibles sesgos culturales y lingüísticos de tecnologías que muchas veces fueron desarrolladas fuera de América Latina.
De la Cruz advirtió que no todas las personas de la región tienen el mismo acceso a la información y a las tecnologías, y que estos desequilibrios deben tenerse en cuenta antes de incorporar nuevas herramientas a la relación entre las autoridades y la ciudadanía.
Por ello, el PNUD recomienda que las autoridades comiencen por determinar qué problema necesitan resolver y evalúen si la inteligencia artificial es realmente la herramienta adecuada.
Su uso, sostiene, debe contribuir a elecciones más inclusivas, transparentes y confiables, y no adoptarse únicamente porque la tecnología esté disponible.
