Organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensores de derechos humanos denunciaron que colectivos armados atacaron a un grupo de madres y familiares de presos políticos durante una vigilia nocturna realizada la noche del martes 5 de agosto de 2025 frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. El evento era convocado por activistas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad y otras organizaciones que reclaman justicia y libertad para sus familiares detenidos.
Los colectivos, señalados como grupos paramilitares, agredieron físicamente a las mujeres y familiares, despojándolos incluso de sus pertenencias. Las ONG Provea y Justicia, Encuentro y Perdón condenaron la falta de intervención de los cuerpos de seguridad, quienes no protegieron el derecho a la protesta pacífica ni respondieron ante la agresión sufrida. Resaltaron la “indiferencia” de las autoridades del TSJ por no atender a las víctimas y no investigar la posible complicidad de su personal y de organismos de seguridad con los atacantes.
Dirigentes políticos y organizaciones como Voluntad Popular y Vente Venezuela también condenaron el ataque y exigieron protección para las víctimas, reiterando que el silencio de los órganos del Estado constituye otra forma de represión. Por su parte, Marino Alvarado, coordinador jurídico de Provea, responsabilizó a los magistrados del TSJ, quienes no recibieron a las madres y familiares, lo que habría contribuido a la situación de vulnerabilidad en la que se produjo la agresión.
