ExxonMobil se encuentra en negociaciones avanzadas para obtener derechos de producción de petróleo en Venezuela, en lo que podría ser el regreso más significativo de una petrolera estadounidense al país en casi dos décadas. Según fuentes del sector, el acuerdo podría anunciarse en el mes de mayo e incluiría contratos para operar hasta seis campos petroleros en distintas regiones del país, con esquemas de reparto de producción y participación en reservas probadas.
Señales de apertura para inversionistas
El interés de ExxonMobil refleja una creciente reevaluación de Venezuela como destino de inversión energética, tras años de tensiones legales y sanciones. La empresa envió equipos técnicos a Venezuela en marzo‑abril de 2026 para evaluar infraestructura, condiciones operativas y oportunidades de desarrollo, mientras el gobierno nacional mantiene públicamente un discurso de apertura al capital privado y socios estratégicos.
Condicionantes legales y de riesgo
Sin embargo, el eventual regreso de ExxonMobil está ligado a la solución parcial o definitiva de litigios internacionales por las expropiaciones de 2007, que también afectan a otras grandes compañías como ConocoPhillips. Ambas empresas mantienen reclamos de miles de millones de dólares ante tribunales y arbitrajes, lo que convierte a cualquier nuevo acuerdo en un referente para inversionistas internacionales sobre seguridad jurídica y protección de capitales en el sector energético venezolano.
Mensaje para el mercado de capitales
En enero de 2026, el CEO de Exxon, Darren Woods, calificó a Venezuela como “no apta para inversión” en una reunión con el presidente Trump, al exigir reformas profundas en la ley de hidrocarburos, marcos de protección de inversiones y certeza contractual. Hoy, el hecho de que la compañía avance en exploración técnica y negociaciones sugiere que el país está siendo considerado nuevamente como un escenario estratégico para portafolios de energía, aunque todavía con un perfil de riesgo alto y contingente a acuerdos de litigio y estabilidad regulatoria.
Los inversionistas observan este proceso como un posible indicador de normalización en el sector petrolero venezolano, siempre que se concreten garantías claras de resolución de disputas, protección de activos y condiciones de reparto de utilidades que permitan el retorno de capitales privados a largo plazo.
